En España existe una aceptación social generalizada de la necesidad de una práctica urbanística desarrollada dentro de un marco normativo, desde la creación de los primeros ayuntamientos democráticos, a pesar de que en los últimos años (desde diversos ámbitos) se ha debilitado este marco en beneficio de la promoción inmobiliaria. Sin embargo, la inercia político-administrativa generada produce una continua demanda de trabajo profesional, tanto a nivel urbano como territorial, este último asumido por las Comunidades Autónomas que han desarrollado una gran cantidad de trabajo en los últimos años.
En ausencia de una titulación específica de urbanismo, y dado el desinterés de los arquitectos durante una larga etapa por las competencias del planeamiento, y en especial el de escala territorial, ha proliferado el interés de otros profesionales que ya venían prestando apoyos sectoriales en los equipos pluridisciplinares: los ingenieros de caminos, los geógrafos, etc., cuya formación en planeamiento es insuficiente, de modo que se ven forzados a improvisaciones o a aprendizajes forzados sobre la marcha.
El autor defiende que se mantenga al arquitecto como urbanista, pero también que se abra la puerta a otros profesionales para las competencias de escala territorial. Para ello, tanto los arquitectos como los profesionales formados en otros campos deberían complementar su formación a través de un máster o de un tercer ciclo, que generasen la nueva figura del especialista en planeamiento, la cual podría ser precursora de una nueva titulación de urbanismo.
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