Las multinacionales en sus comienzos han defendido que los derechos humanos no eran un asunto del mundo empresarial. Hablaban de neutralidad política y sin embargo ejercían influencia en la política de muchos países especialmente los pobres y desfavorecidos e incluso en algunos casos aprovechando altas tasas de rendimiento por mano de obra barata y extraexplotada.
Este panorama se ha ido modificando. En las décadas de los setenta y los ochenta, las ONG iniciaron campañas en contra del trabajo infantil o de los daños ecológicos y en los años noventa, coincidiendo con una mayor globalización, empezó a tener más resonancia la defensa de los derechos humanos. La ONU en 1999 lanzó la Global Compact como fórmula para unir el poder del mercado a la autoridad de los ideales universales. La Unión Europea, por su parte, editó en 2001 el Libro Blanco ¿Fomentar un marco Europeo para la responsabilidad social de las empresas¿. En definitiva la presión social lograba que los derechos humanos se tomasen más en serio en el mundo de la empresa. Empieza a verse de forma positiva que los accionistas de las grandes compañías induzcan a los gestores hacia la inversión socialmente responsable (ISR). Pese al avance, lo social, a veces se queda en el terreno de la filantropía o es utilizado para el marketing empresarial. La responsabilidad empresarial puede resumirse en lograr el equilibrio entre democracia y mercado. Ese sería el gran objetivo que requiere la corresponsabilidad social y política de instituciones, empresas y sociedad.
Contamos con marcos institucionales globales como la ONU, la OIT y la OMC, y por otro lado con la empresa como vector para equilibrar mercado y democracia. La misma fortaleza con la que se defiende desde el mundo de la empresa la libertad de emprender o de poseer debe emplearse en la defensa de la libertad de ser, pensar, y expresarse de los individuos.
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