El principal objetivo del Real Decreto 255/2003 es garantizar la protección de la población en general, de los consumidores y en particular de las personas que potencialmente puedan entrar en contacto con dichos preparados peligrosos, mediante una adecuada información de los peligros intrínsecos del producto.
La naturaleza y propiedades del producto dan lugar a una clasificación de peligrosidad (tanto para las personas como para el medioambiente) y a unas normas sobre su correcto etiquetado. Los productos mantienen la misma composición, propiedades, condiciones de empleo y eficacia, y son tan seguros ahora como antes de la reclasificación, siempre que se sigan las indicaciones que aparecen en la etiqueta. Lo que ha cambiado es la forma de evaluar los productos.
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