Este artículo examina el origen de una de las medidas liberalizadoras del segundo franquismo: la Ley de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Las elites políticas franquistas no emprendieron dicha reforma legal por razones de índole fundamentalmente económica; tampoco intentaron con ella satisfacer demandas planteadas por grupos defensores de los derechos de la mujer, ni aspiraciones en este sentido latentes en amplios sectores de la población. La Ley de 1961 se aprobó a instancias de la organización de mujeres del partido único del régimen, la Sección Femenina, en un intento de ganar para España cotas más altas de aceptación internacional
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