En la gestión pública aparece actualmente como objetivo central la eficiencia en los servicios públicos, entre ellos el sistema educativo, lo que implica la necesidad de conseguir mejoras en la gestión de los recursos, y optimizar la relación entre productividad, equidad y calidad en la prestación de servicios; y requiere la medición de la actuación pública, siendo los indicadores de gestión uno de los sistemas de medición. En España la educación está descentralizada y corresponde su gestión a las Comunidades Autónomas. El análisis de este servicio público implica por ello una evaluación de la descentralización que en términos teóricos implica mejorar la eficiencia general del sistema educativo.
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