El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas debe ser revisado para concluir el proceso de descentralización financiera iniciado en 1997. Además es necesario reformar el mecanismo de nivelación, para equiparar las prestaciones entre las distintas comunidades y también ajustar el tamaño del cupo, o aportación de las Comunidades forales, para que su sistema no pugne con el artículo 138.2 de la Constitución.
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