El sector eléctrico español está experimentando un cambio importante desde la década de los noventa del siglo pasado. La Ley del Sistema Eléctrico de 1997, que establece el nuevo marco de actuación para esta actividad, ha comportado, por el lado de la oferta, la liberalización de las actividades potencialmente competitivas (generación y comercialización), permitiendo la libertad de entrada y la concurrencia directa de las empresas. Por el lado de la demanda, desde 1 de enero de 2003 existe la total libertad de suministrador por parte de los consumidores. El nuevo contexto, que habría de comportar una mejora en la eficiencia del sistema, también plantea diversos interrogantes sobre las ventajas de la liberalización, la manera como ésta se ha implementado en España, así como la regulación de las actividades no liberalizadas (transporte y distribución). A su análisis y a los problemas que han aparecido en el sector en los últimos años se refiere este artículo.
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