Uno de los puntos «sensibles» de la relación entre los Estados de la Unión Europea ha sido, y sigue siendo, el establecimiento de mecanismos judiciales eficaces para combatir, «sin fronteras», conductas delictivas especialmente graves. Entre ellos se encuentra la denominada euroorden que pretende sustituir ventajosamente a los clásicos procedimientos extradicionales. Conocer sus consecuencias, cuando se promueva en España por otro Estado Comunitario, constituye el objeto de este trabajo.
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