Barcelona, España
Europa registra un aumento de denuncias penales contra líderes religiosos por declaraciones sobre identidad de género y orientación sexual. Aunque la mayoría de estos procedimientos concluyen con absoluciones o sobreseimientos, su proliferación refleja una tensión estructural entre la libertad religiosa y de expresión, por un lado, y las normativas sobre discurso de odio, por otro. El recurso al derecho penal como respuesta principal a estos conflictos presenta riesgos significativos. Este policy brief recomienda a las administraciones públicas: (1) aplicar el derecho penal con rigor y como última ratio; (2) fortalecer mecanismos no penales como el contrarrelato, la mediación y la autorregulación; (3) invertir en educación en derechos humanos y diversidad; y (4) crear espacios institucionales de diálogo interreligioso e intercultural. Solo mediante un enfoque integral que armonice todos los derechos fundamentales en juego —sin sacrificar unos en favor de otros— será posible avanzar hacia sociedades más inclusivas y cohesionadas.
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