Estas páginas recogen el reconocimiento y configuración del derecho de acceso a la justicia desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció su base en 1948, hasta su reconocimiento con esta denominación en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Constituye un derecho humano fundamental para defender el resto de derechos y, sin embargo, descubrimos en los ordenamientos internos lagunas y debilidades que impiden alcanzar su plena garantía. Analizamos los documentos secundarios, no vinculantes, de Naciones Unidas (NNUU) que ponen de manifiesto el conocimiento de las dificultades y se proponen soluciones para garantizarlo universalmente, especialmente a grupos vulnerables. Entre estos documentos destacamos las Observaciones Generales de los Comités de NNUU y los informes elevados a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos por los Relatores Especiales y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los que exponen las dificultades para el ejercicio pleno de este derecho y proponen soluciones para superarlas.
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