Este artículo analiza cómo la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducida por la Ley Orgánica 1/2025 (SP/LEG/44145), que establece la obligatoriedad de acudir a medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad para acceder al orden jurisdiccional civil, representa una nueva oportunidad para el arbitraje estatutario en España. Este trabajo examina las particularidades de los conflictos societarios y las dificultades prácticas que plantea la exigencia de MASC en este ámbito, especialmente en la impugnación de acuerdos sociales y las acciones de responsabilidad contra administradores. Se plantea que, en la medida que no resulta necesario cumplir con este requisito de procedibilidad para someter una disputa a arbitraje, las sociedades tendrán mayores incentivos para prever cláusulas de sumisión a arbitraje en sus estatutos, lo que podría suponer un cambio en la resolución de conflictos societarios en España.
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