La vivienda como derecho vulnerado: crítica constitucional, institucional y bioética a la política habitacional en España (2023–2025)

• Autores: María Candelaria Martín González
• Localización: SAPIENTIA IURIS, ISSN-e 3045-6665, Nº. 2, 2025 (Ejemplar dedicado a: Sapientia Iuris - Número 2), págs. 254-265
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Housing as a violated right: constitutional, institutional and bioethical criticism of housing policy in Spain (2023–2025)
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    Mediante este artículo intentaremos analizar de forma crítica la política habitacional en España entre 2023 y 2025, denunciando la brecha existente entre el reconocimiento constitucional de la vivienda como un derecho fundamental (Art. 47 CE) y la ineficacia institucional para garantizarlo.Observamos como existe una asimetría entre la protección efectiva de la propiedad privada y el carácter puramente "programático" del derecho a la vivienda. Se critica que el Estado ha desplazado su deber constitucional hacia el sector privado, penalizando al pequeño propietario mientras, paradójicamente, subvenciona a grandes tenedores y fondos de inversión.España presenta un déficit estructural de vivienda asequible, con un parque público de apenas el 3,4%, muy lejos de la media europea. Entre las causas se señalan la lentitud burocrática, la falta de inversión (solo 34 € por persona frente a los más de 200 € de Alemania o Francia) y un modelo que permite que la protección pública de las viviendas caduque a los pocos años.A pesar de la nueva Ley de Vivienda, se argumenta que los resultados han sido limitados o contraproducentes, citando el caso de Barcelona, donde el esfuerzo económico de las familias sigue siendo crítico y la oferta de alquiler se ha reducido. El alquiler social se califica como un "fracaso estructural" que no cumple su función redistributiva.Se llevan a cabo una serie de propuestas que conllevan en definitiva una refundación del modelo habitacional basado en inversión pública directa, es decir, construir y mantener un parque público permanente y no enajenable. Justicia distributiva y Bioética, entender la vivienda como un determinante social de la salud y una condición indispensable para la dignidad humana, cuya gestión no puede quedar al arbitrio del mercado. Y llevar a cabo una estrategia territorial, aprovechando las zonas despobladas de la "España vaciada" no solo con ayudas puntuales, sino creando ecosistemas con servicios y empleo garantizados.

  • English

    In this article, we will attempt to critically analyze housing policy in Spain between 2023 and 2025, denouncing the gap between the constitutional recognition of housing as a fundamental right (Art. 47 CE) and the institutional ineffectiveness in guaranteeing it.We observe an asymmetry between the effective protection of private property and the purely “programmatic” nature of the right to housing. The State is criticized for shifting its constitutional duty to the private sector, penalizing small property owners while, paradoxically, subsidizing large holders and investment funds.Spain has a structural deficit of affordable housing, with a public housing stock of only 3.4%, far below the European average. Among the causes are bureaucratic slowness, lack of investment (only €34 per person compared to more than €200 in Germany or France) and a model that allows public housing protection to expire after a few years.Despite the new Housing Law, it is argued that the results have been limited or counterproductive, citing the case of Barcelona, where the economic burden on families remains critical and the supply of rental housing has declined. Social rental housing is described as a “structural failure” that does not fulfill its redistributive function.A series of proposals are being put forward that ultimately involve a rethinking of the housing model based on investment.