La titularidad compartida, ¿es una oportunidad para una agroecología feminista?

• Leticia Urretabizkaia ^[1] ; Isabel Álvarez ^[1] ; Mirene Begiristain ^[1]
  1. [1] Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

     Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

     Leioa, España

     
• Localización: Libro de actas VII Congreso de Economía Feminista, 2021, ISBN 978-84-09-34408-6, págs. 352-353
• Idioma: español
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• Resumen

  • En el contexto actual es necesario profundizar en el papel del feminismo en la agroecología, que se balancea entre el protagonismo que requiere para que realmente las iniciativas y procesos sean realmente transformadoras y la realidad de la precariedad y la desigualdad sistémica de la que parten las propias iniciativas alternativas. Esta dicotomía, con toda la diversidad intermedia que puede albergar, exige reconocer desde un inicio su intencionalidad, poner atención al contexto de partida, a la forma en que se desarrollan y la propia manera de entender el feminismo. En este marco, la regulación de políticas por parte de los gobiernos a diferentes escalas es un eslabón importante ya que de ella depende el refuerzo hacia un sistema más o menos capitalista. En el caso del sistema agroalimentario, nos encontramos con regulaciones que llevan a generar dinámicas, estructuras e infraestructuras que perpetúan el modelo heteropatriarcal y destruyen las pequeñas producciones que tienen vínculos con la cultura alimentaria territorial, que se caracterizan por una mayor sostenibilidad tanto ambiental, como social, así como una mayor autonomía y capacidad de decisión para las personas productoras. Estas regulaciones invisibilizan y no dan valor al trabajo de las mujeres agricultoras y priorizan estructuras familiares clásicas y los valores comprobados por los mercados reconocidos, frente a otras formas de hacer más vinculadas a las nuevas formas de articulación colectiva y la reproducción de la vida. De esa forma, se penaliza la pequeña escala, lo colectivo, lo artesano, el conocimiento ancestral e incluso la reproducción de la vida…. Esta visibilización termina traduciéndose en una legitimidad hacia un modelo insostenible que es dotado de la gran mayoría de recursos tanto humanos como materiales desde las administraciones públicas, lo que se traduce en su reconocimiento como único modelo posible. Esta forma de regulación va permeando en las propias mujeres y las organizaciones asesoras en el sector agrario (agencias comarcales agrarias, casos de gestión o asociaciones de desarrollo rural) generando una barrera y un imaginario que las hace limitarse muchas veces a la invisibilidad normativa. Algunos de los elementos que explican esta realidad son los roles masculinizados en lo social, en los caseríos y en las organizaciones agrarias, así como la narrativa que perpetúa la idealización de la agricultura familiar, sin embargo, existen otros elementos que es necesario visibilizar. Para aportar en este sentido, presentamos una reflexión desde el contexto de Euskadi. La Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras tiene por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en el sector agrario y ha sido una legislación pionera en el estado español. El 23 de enero de 2018 se constituyó la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras como órgano garante del cumplimiento y desarrollo de los mandatos establecidos en el mismo, que detectó 4 áreas de trabajo prioritarias sobre las que construyó grupos de trabajo: Registro de Explotaciones, Ámbito jurídico, Visibilización y Formación. El grupo de trabajo de Registro de Explotaciones, ha analizado el desarrollo y aplicación del Título II del Estatuto, “Titularidad y Titularidad compartida de las explotaciones agrarias”, observando que en Euskadi tan solo 36 explotaciones se han acogido a la figura de titularidad compartida. Por ello el grupo instó a la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras a reconocer otras figuras de titularidad y su asimilación a lo establecido en el Título II del Estatuto, sobre Titularidad y Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias. En última instancia, se considera pertinente reflexionar sobre la realidad de la titularidad y titularidad compartida en Euskadi y en el resto del Estado y tener información completa y veraz sobre las diversas titularidades del sector agropecuario en Euskadi. En este contexto, la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras del Gobierno Vasco nos hace llegar una propuesta para analizar y evidenciar la realidad de la titularidad compartida en Euskadi sobre las diversas titularidades de las explotaciones agrarias, profundizando específicamente en la realidad de las mujeres baserritarras, y a través de este conocimiento identificar las necesidades y posibilidades de mejora que pueden aportarse al Título II del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. Esta propuesta se desarrolla desde octubre del 2020 con dos ámbitos de investigación. Por un lado, una investigación jurídica para analizar las ventajas y los inconvenientes que condicionan el acceso de las mujeres agricultoras a una u otra forma de titularidad, o bien a permanecer fuera de las mismas, recogiendo las formas de titularidad más frecuentes en las pequeñas y medianas empresas de actividad agraria, con especial incidencia en las entidades de titularidad compartida. Por otro, una investigación social donde se analiza e intenta comprender por qué otras figuras cuentan con más presencia en Euskadi que la propia titularidad compartida, así como la propia incidencia de la ley de cotitularidad en el desarrollo de otras herramientas como los Programas de Desarrollo Rural y desde esa comprensión apuntar el trasfondo de las diversas figuras de titularidad para extraer las ventajas e inconvenientes que aportan cada una de ellas para el sector agropecuario en Euskadi e identificar los vacíos en la materia a la hora de desarrollar las políticas públicas para el sector agrario desde una perspectiva agroecológica y feminista. En esta comunicación presentaremos los resultados que se han obtenido de este trabajo hasta la fecha, para compartir y de alguna manera nutrir las conclusiones que podamos realizar desde la misma. El análisis de este caso lleva a cuestionar que incluso medidas aprobadas en lo institucional como la titularidad compartida, se queden en una declaración de intenciones, ya que su consecución requiere de dotación de medios para una transformación a todos los niveles; desde lo institucional que reconozca la prioridad de la visibilización de las mujeres hasta lo organizacional y los propios hogares. Así, este caso muestra que no es solamente labor de las mujeres luchar por el desarrollo de estas cuestiones, ya que es responsabilidad de todas el construir sistemas más justos. De igual forma, es responsabilidad de todas, la no utilización de las mujeres para una limpieza en las formas sin modificar el fondo de las políticas y las formas de funcionamiento. En demasiadas ocasiones se ponen en marcha proyectos o medidas que lo que hacen es “cosificar” a las mujeres, y poner un lazo rosa a muchas medidas desiguales. Para ello, la única herramienta efectiva es incorporar la perspectiva feminista en todos los espacios.