Este estudio aborda de manera exhaustiva los factores económicos que exigen una reformulación integral de la estrategia procesal de la Administración Tributaria en España, con un enfoque en el impacto financiero de las sentencias judiciales desfavorables, que han alcanzado un promedio anual de 1.005 millones de euros entre 2014 y 2023. A través de un análisis jurídico detallado, se identifican errores normativos, desalineaciones con el Derecho de la Unión Europea, excesos en el uso de instrumentos legislativos y deficiencias administrativas como causas fundamentales de esta problemática. Estos factores no solo generan pérdidas económicas significativas, sino que también afectan la estabilidad fiscal y la confianza de los contribuyentes en el sistema tributario. Se propone una reestructuración estratégica basada en la mejora de la calidad normativa, el fortalecimiento de los órganos administrativo-judiciales, la modernización tecnológica y la revisión de los procedimientos sancionadores, con el objetivo de reducir la litigiosidad, optimizar la sostenibilidad fiscal y garantizar un equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y las necesidades recaudatorias del Estado
This comprehensive study examines the economic factors necessitating a thorough reformulation of the procedural strategy of the Spanish Tax Administration, driven by the significant financia[ impact of adverse judicial rulings, averaging 1,005 million euros annually from 2014 to 2023. Through an in-depth legal analysis, it identifies normative errors, misalignments with Euro pean Un ion law, overuse of legislative instruments, and administrative inefficiencies as primary causes of this issue.
These factors not only result in substantial economic losses but also undermine fiscal stability and public trust in the tax system. The study advocates for a strategic overhaul focused on enhancing normative quality, strengthening administrativejudicial bodies, modernizing technological infrastructure, and revising sanctioning procedures to reduce litigation, optimize fiscal sustainability, and ensure respect for taxpayers' rights.
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