Este artículo analiza la regulación del deber de cooperación del delator en el marco del programa de delación compensada del sistema chileno de libre competencia, considerado uno de los pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de la detección y sanción de conductas colusorias. La colaboración activa del postulante o beneficiario es fundamental para la efectividad del programa de delación y la normativa establece sanciones claras ante la falta de cooperación en las etapas administrativa y penal. Sin embargo, en la etapa judicial frente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no existe una consagración expresa de este deber lo que genera un vacío normativo relevante. La ausencia de reglas claras puede generar incertidumbre sobre las obligaciones del delator y reducir sus incentivos para mantener una cooperación plena con la autoridad durante el proceso judicial, debilitando la efectividad del mecanismo y, en última instancia, la capacidad del sistema para sancionar de forma efectiva la colusión. Por ello, se concluye que resulta necesario introducir modificaciones legislativas que incorporen explícitamente el deber de colaboración en esta etapa, asegurando coherencia normativa y fortaleciendo la confianza en la delación compensada como instrumento clave en la lucha contra los acuerdos anticompetitivos.
This article analyzes the regulation of the whistleblower’s duty to cooperate within the framework of Chile’s leniency program, considered one of the key pillars for the effective detection and punishment of collusive behavior. Active collaboration by the applicant or beneficiary is essential for the success of the leniency program, and the legislation sets out clear sanctions for failure to cooperate during both administrative and criminal proceedings. However, at the judicial stage before the Chilean Competition Tribunal, this duty is not explicitly recognized, resulting in a significant legal gap. The absence of clear rules may create uncertainty regarding the whistleblower’s obligations and reduce their incentives to maintain full cooperation with the authorities during the judicial process, thereby weakening the effectiveness of the mechanism and, ultimately, the system’s ability to effectively punish collusion. Therefore, the article concludes that legislative amendments are needed to explicitly incorporate the duty of cooperation at this stage, ensuring legal coherence and strengthening confidence in leniency as a key tool in the fight against anticompetitive agreements.
© 2001-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados