Alicante, España
Una de las tareas fundamentales que la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito implementa para la tutela de las víctimas de delitos es la evaluación individual de sus necesidades por parte de los operadores jurídicos y, en particular, los cuerpos policiales. La investigación cuyos resultados se muestran en este trabajo se ha articulado en torno a dos hipótesis fundamentales: la primera, que resultará necesario modificar parcialmente la Ley 4/2015 para adecuarla a la reforma de la Directiva 2012/29/UE (COM/2023/424final) que se está discutiendo en el momento de escribir estas líneas; la segunda, que la evaluación individual de la vulnerabilidad de las víctimas del delito, exigida por las legislaciones española y europea, se ha consolidado en la práctica, habida cuenta de que han transcurrido más de diez años desde la entrada en vigor de dicha obligación. Con el objetivo de contrastar estas dos hipótesis, se ha procedido, por un lado, al análisis sistemático de la regulación vigente en el ordenamiento jurídico español, evaluando su grado de correspondencia con los estándares propuestos en el ámbito europeo, y por otro, al examen del funcionamiento de los mecanismos de evaluación individual a través de los órganos competentes y, específicamente, de los cuerpos policiales. Este doble enfoque ha permitido identificar algunas lagunas en el ordenamiento jurídico español y también relevantes disfunciones en su aplicación. En consecuencia, el trabajo concluye con algunas propuestas de mejora y plantea un borrador de cuestionario susceptible de ser incorporado, de manera flexible, en un futuro protocolo policial de evaluación individual de las víctimas del delito.
One of the fundamental tasks established by the Spanish Law 4/2015 of April 27, on the Statute of the Victim of Crime, for the protection of crime victims is the individual assessment of their needs, which is to be done by criminal justice institutions, and particularly the police forces. This research is based on two main hypotheses: first, that it will be neces-sary to partially amend Law 4/2015, in order to adapt it to the reform of Directive 2012/29/EU (COM/2023/424 final), which is under discussion at the time of writing; and second, that the individual assessment of victims’ vulnerability, required by both Spanish and European legislation, has be-come consolidated in practice, given that more than ten years have passed since the entry into force of this obligation.To test these two hypotheses, the study has undertaken, on the one hand, a systematic analysis of the current Spanish regulation, assessing its degree of alignment with the standards proposed at the European level; and, on the other hand, an examination of how victim assessment is handled by police forces. This dual approach has made it possible to identify certain gaps in the regulation, as well as sig-nificant implementation dysfunctions. Consequently, the paper concludes with several improvement proposals and presents a draft questionnaire that could be flexibly incorporated into a future police protocol for the individu-al assessment of victims of crime
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