Treinta años después de la Conferencia de Beijing, la igualdad formal no ha logrado traducirse en igualdad real. Las políticas públicas continúan operando desde una visión homogénea de «las mujeres», que deja fuera a quienes viven en la intersección de múltiples desigualdades: las racializadas, migrantes, con discapacidad, rurales, jóvenes, mayores o disidentes sexuales. Incorporar la interseccionalidad no es un gesto simbólico ni una cuestión de lenguaje inclusivo, sino una transformación profunda de la manera en que los Estados diagnostican, planifican, presupuestan y evalúan sus políticas. La igualdad no puede seguir pensándose desde un único punto de vista; debe asumirse como una práctica política que reconozca los estigmas, las jerarquías y los sistemas de poder que siguen decidiendo quién accede, y quién no, a los derechos humanos universales.
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