El intercambio de contenido en YouTube se rige por acuerdos de prestación de servicios atípicos, conocidos como acuerdos PSC. Estos acuerdos son formalizados por los creadores de contenido que se adhieren a los Términos de uso, las Pautas de la comunidad y las Políticas de derechos de autor de YouTube. Estos instrumentos, redactados de acuerdo con la ley brasileña y las mejores prácticas internacionales, establecen normas legales válidas, efectivas y eficientes para las decisiones de moderación de contenido de YouTube. La efectividad de estas normas es reconocida no solo por los creadores de contenido, a quienes se les insta repetidamente a considerarlas, sino también por el Poder Judicial brasileño, que califica su aplicación por parte de YouTube como un ejercicio no abusivo y regular de los derechos contractualmente establecidos (artículos 187, a contrario sensu, y 188, I, del Código Civil). El Poder Judicial también reconoce que su intervención en los contratos PG-13 debe ser mínima, de acuerdo con la Ley de Libertad Económica (artículos 421, párrafo único, y 421-A, III, del Código Civil). Los contratos PG-13 están estructurados para promover y proteger los derechos fundamentales, en especial la libertad de expresión e información (artículos 5, IV y 220 de la Constitución Federal). Sus normas prevén consideraciones y establecen un procedimiento privado para impugnar las decisiones de moderación. Por lo tanto, la revisión judicial de las relaciones establecidas entre YouTube y los creadores de contenido debe considerarse un caso excepcional, admisible únicamente ante defectos materiales o procesales en la aplicación de los contratos PG-13.
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