Noemí Sanz Merino
, Jens Oliver Todt
Analizamos los objetivos de la política de la Comisión Europea de introducir una forma más abierta, más participativa y menos jerárquica de regular la ciencia y la tecnología, en un caso particular: la Regulación Europea de las Declaraciones de Propiedades Saludables. Este marco regulatorio relativamente reciente, en principio orientado al consumidor y modificado recientemente por la nueva regulación europea de transparencia, proporciona un caso de prueba para las aspiraciones de las instituciones europeas de mejorar la gobernanza de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, nuestro análisis muestra que estas aspiraciones no se han cumplido. La regulación europea de las declaraciones de propiedades saludables no permite ninguna participación relevante del público o de los consumidores, ni la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones. No ofrece ningún mecanismo para facilitar el debate público o de los consumidores con respecto a los objetivos elegidos por la regulación, los estándares científicos ni los costes-beneficios involucrados, en particular las consecuencias que son el resultado de las decisiones de los reguladores. Al contrario que en las regulaciones de las declaraciones de propiedades saludables de los Estados Unidos y Japón, por ejemplo, los supuestos epistémicos y políticos subyacentes al enfoque europeo tienden a dificultar el logro de la mayoría de los objetivos participativos.
We analyze the European Commission’s policy objectives of introducing a more open, more participatory and less hierarchical way of regulating science and technology, in one particular case: the European Regulation of Health Claims. This relatively recent regulatory framework, being primarily consumer-oriented and recently amended by the new European transparency regulation, provides a test case for the European institutions’ aspirations of improving governance of science and technology. However, our analysis shows that these aspirations have not been fulfilled. European health claim regulation does not allow for any relevant public or consumer involvement, nor stakeholder participation in decision making. It does not offer any mechanisms for facilitating public or consumer debate with respect to the regulation’s chosen aims, scientific standards, nor the trade-offs involved, particularly the regulatory outcomes that are the result of regulators’ choices. Very different from the Unite States and Japanese health claim regulations, for example, the underlying epistemic and policy suppositions of the European approach tend to make attainment of most of the participatory objectives more difficult.
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