El urbanismo y la vivienda pública: el suelo integrante del patrimonio municipal del suelo y el suelo dotacional como instrumentos al servicio de la vivienda publica

• Autores: Venancio Gutiérrez Colomina
• Localización: Estrategias para la calificación de viviendas resilientes a la luz de los ODS / María Luisa Gómez Jiménez (dir.), 2025, ISBN 979-13-7011-296-7
• Idioma: español
• Enlaces
  • Texto Completo Libro (pdf)
• Resumen
  • español

    La legislación estatal del suelo ha acentuado el carácter de función pública del urbanismo, vinculándolo a la sostenibilidad, de acuerdo con los artículos 45 a 47 de la CE que condicionan directamente la acción pública en materia de suelo y vivienda. La CE también recoge que estas competencias, una vez asumidas, corresponden a las Comunidades Autónomas, que igualmente han incorporado la función pública del urbanismo y lo han vinculado al derecho a la vivienda. En este artículo se destaca una elogiable jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación al urbanismo, del principio de no regresión y de sostenibilidad.

    El derecho a la vivienda es un derecho de los ciudadanos para el que se requiere efectividad, siendo por ello un deber de todos los poderes públicos.

    Algunas Comunidades Autónomas, como Andalucía y Cantabria lo vinculan, con el derecho a la ciudad. La ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, recoge, entre otras novedades, actuaciones para las personas “sin hogar”, medidas para incrementar las viviendas públicas, como viviendas incentivadas y su compatibilidad en dotaciones públicas, el concepto de zonas de mercado residencial tensionado y la definición del concepto de «gran tenedor ». Sin embargo, nada ha sido consensuado, con una pretensión de regulación integral integral, mediante con normas de derecho civil, procesal y administrativo, que gran parte de la doctrina cree que contradicen la regulación civil, que normas sustantivas y procesal de carácter «excepcional», se generaliza su utilización. Se funda únicamente en títulos transversales, principalmente el 149.1.1 CE, dejando de lado la doctrina constitucional consolidada, que estableció la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos aprobados por el Estado con eficacia supletoria. Ha sufrido una serie de recursos de inconstitucionalidad que han sido estimados parcialmente y otro pendiente de resolverse, habiéndose producido dos legislaciones autonómicas urgentes, la canaria y la andaluza, que han regulado adecuadamente la construcción de viviendas en dotaciones públicas e introducido mayores restricciones para las viviendas turísticas, para aumentar el alquiler con destino a domicilio habitual.

    También se realiza un estudio general del Patrimonio municipal del suelo, que demuestra su vigencia y revitalización a escala municipal.

  • English

    State land legislation has emphasized the public function of urban planning, linking it to sustainability, in accordance with Articles 45 to 47 of the Spanish Constitution, which directly determine public action in land and housing matters.

    The Spanish Constitution also establishes that these powers, once assumed, correspond to the Autonomous Communities, which have also incorporated the public function of urban planning and linked it to the right to housing.

    This article highlights commendable jurisprudence from the Supreme Court on the application of the principles of non-regression (stand still) and sustainability to urban planning. The right to housing is a citizen’s right that requires implementation and is therefore a duty of all public authorities. Some Autonomous Communities, such as Andalusia and Cantabria, link it to the right to the city. Law 12/2023, on the right to housing, includes, among other new features, measures for the homeless, measures to increase public housing, such as incentivized housing and its compatibility with public facilities, the concept of stressed residential market areas, and the definition of the concept of “large landholder”. However, nothing has been agreed upon. With a claim for comprehensive regulation, through civil, procedural, and administrative law regulations, which much of the doctrine believes contradict civil regulation, and substantive and procedural regulations of an “exceptional” nature, their use is widespread. It is based solely on cross-cutting titles, mainly Article 149.1.1 of the Spanish Constitution, ignoring the consolidated constitutional doctrine, which established the unconstitutionality and nullity of the provisions approved by the State with supplementary effect. It has been subject to a series of unconstitutional appeals that have been partially upheld, and another is pending resolution. Two urgent regional legislations have been enacted, in the Canary Islands and Andalusia, which have adequately regulated the construction of housing in public facilities and introduced greater restrictions for tourist housing, to increase rentals for primary residences. A general study of the municipal land heritage is also being carried out, which demonstrates its validity and revitalization at the municipal level.