Provincia de Trujillo, Perú
Este estudio profundiza en la incorporación de evidencias obtenidas mediante procedimientos irregulares dentro del proceso penal acusatorio y analiza cómo esta práctica incide en el derecho a la intimidad del investigado. Se adoptó un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo-explicativo, sustentado en el análisis crítico de la doctrina especializada, el marco normativo vigente y la jurisprudencia aplicable. Como complemento, se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales del derecho penal —jueces, fiscales y abogados— seleccionados por su experiencia en la materia. Los resultados evidencian la ausencia de lineamientos uniformes en la actuación de los operadores de justicia, lo que ha generado criterios divergentes al momento de determinar la validez de las pruebas obtenidas de forma irregular. Asimismo, se constató que la admisión de material probatorio obtenido al margen de la ley debilita el principio de legalidad, afecta la vigencia de las garantías constitucionales y reduce la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial. En consecuencia, se plantea la necesidad de fortalecer los estándares normativos y unificar los criterios jurisprudenciales, con el fin de preservar la legitimidad del proceso penal y proteger la integridad de las personas involucradas.
This study examines the incorporation of evidence obtained through irregular procedures in criminal proceedings and analyzes how this practice affects the right to privacy of the person under investigation. A qualitative approach with a descriptive-explanatory design was adopted, based on a critical analysis of specialized doctrine, the current regulatory framework, and applicable case law. As a complement, semi-structured interviews were conducted with criminal law professionals—judges, prosecutors, and lawyers—selected for their experience in the field. The results show the absence of uniform guidelines in the actions of justice operators, which has led to divergent criteria when determining the validity of evidence obtained irregularly. Likewise, it was found that the admission of evidence obtained outside the law weakens the principle of legality, affects the validity of constitutional guarantees, and reduces public confidence in the impartiality of the judicial system. Consequently, there is a need to strengthen regulatory standards and unify jurisprudential criteria in order to preserve the legitimacy of the criminal process and protect the integrity of the individuals involved.
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