El presente artículo analiza el reconocimiento jurídico del matrimonio ancestral en el Ecuador en el marco del pluralismo jurídico y los derechos de los pueblos indígenas. Se parte de un enfoque teórico, crítico e intercultural, basado en autores como Foucault, Santos y Rodríguez-Garavito, para comprender las tensiones entre el derecho estatal y el derecho consuetudinario. Metodológicamente, se emplea un enfoque cualitativo con análisis documental, normativo, jurisprudencial y comparado. Se estudia el caso paradigmático del matrimonio entre Yaku Pérez y Manuela Picq, así como decisiones relevantes en México, Colombia, Argentina y Perú. Los resultados muestran que, aunque existe un marco constitucional e internacional que reconoce el derecho indígena, persisten obstáculos institucionales que limitan su eficacia jurídica, como la exigencia de inscripción estatal. La decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en favor de Pérez-Picq, marcó un hito al declarar que la negación estatal de los efectos civiles a matrimonios indígenas constituye discriminación estructural. Se concluye que el reconocimiento pleno de estos actos requiere un enfoque intercultural, reformas normativas y coordinación efectiva entre sistemas jurídicos. El matrimonio ancestral, desde esta perspectiva, no es solo un hecho cultural, sino un acto jurídico válido que demanda reconocimiento estatal sin desnaturalizar su origen comunitario.
This article analyzes the legal recognition of ancestral marriage in Ecuador within the framework of legal pluralism and indigenous peoples’ rights. It adopts a critical and intercultural theoretical approach, drawing from authors such as Foucault, Santos, and Rodríguez-Garavito, to explore the tensions between state law and customary law. Methodologically, it uses a qualitative design with documentary, normative, jurisprudential, and comparative analysis. The study focuses on the emblematic case of Yaku Pérez and Manuela Picq, alongside other relevant decisions from Mexico, Colombia, Argentina, and Peru. Results indicate that, despite constitutional and international recognition of indigenous law, institutional barriers still hinder its full legal effect—such as the requirement of civil registration. The decision of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) in favor of Pérez-Picq set a precedent by affirming that denying civil effects to indigenous marriages constitutes structural discrimination. The conclusion advocates for full recognition through intercultural dialogue, legal reform, and coordination between legal systems.
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