El fortalecimiento de la capacidad rectora de las autoridades sanitarias, ahora y en futuras dé - cadas, es asunto de relieve en el contexto de la reforma sectorial. Implica, entre otras cosas, re - plantear el lugar que ocupa la salud en el contexto de las principales tendencias sociales y eco - nómicas observables en el mundo en los albores del nuevo siglo, constituidas fundamentalmente por la redefinición del modelo de desarrollo, la creciente participación en el quehacer sanitario de entidades ajenas al Estado, la transición hacia una democracia participativa en diversos países, la modificación del concepto de lo “público” y lo “privado” y la globalización de la eco - nomía. En este nuevo panorama, se impone la necesidad de que el sector sanitario asuma una función distinta: coordinar la movilización de los recursos nacionales, a escala multisectorial, con miras a mejorar la equidad y el bienestar social y focalizar los escasos recursos que existen en los grupos sociales más desprotegidos.
La liberalización de la producción y de la distribución de los bienes y servicios de salud, así como la dinámica de mercado que se observa cada vez más en el ámbito de estos servicios y la creciente autonomía de los sistemas de aseguramiento, constituyen nuevos retos para el ejerci - cio de la autoridad en materia de salud. Adicionalmente, la formación de bloques económicos regionales y el enorme peso ejercido por las grandes compañías multinacionales, con su con - trol del mercado de medicamentos, instrumentos y tecnologías médicas, obligan al sector de la salud a buscar maneras de armonizar la legislación en el ámbito sanitario con las negociacio - nes de carácter internacional. Y todas estas exigencias superan, al parecer de no pocos exper - tos, la capacidad de los ministerios de salud de los países latinoamericanos para responder con la debida eficacia, en vista de las limitaciones impuestas en la actualidad por la organización, poder político, marco jurídico e infraestructura técnica del sector de la salud en los países.
Como resultado, estos últimos se ven llamados a dar prioridad al fortalecimiento de la capaci - dad rectora de sus autoridades sanitarias para hacer frente a los retos del presente y el futuro.
Strengthening the ability of health authorities to provide leadership and guidance, now and in the future, is an important issue within the context of health sector reform.
It means, among other things, redefining the role of health in light of leading social and economic trends seen in the world at the beginning of the 21st century, increasing participation in health by nongovernmental entities, moving toward participatory democracy in many countries, and modifying concepts of what is considered “public” and “private.” Within this scenario, it is necessary to redirect the role of the health sector toward coordinating the mobilization of national resources, on a multisectoral scale, in order to improve equity and social well-being and to channel the limited available resources to the most disadvantaged groups in society.
The liberalization of the production and distribution of health-related goods and services, including insurance, challenges the exercise of authority in the area of health.
Furthermore, the formation of regional economic blocks and the enormous weight wielded by multinational companies in the areas of pharmaceuticals and other medical supplies and technologies are forcing the health sector to seek ways of harmonizing health legislation and international negotiations. According to many experts, all of these demands surpass the ability of Latin American ministries of health to effectively respond, given most countries’ current organizational, legal, and political conditions and technical infrastructure. The countries of the Americas must make it a priority to strengthen their health officials’ ability to provide leadership and guidance in order to meet present and future challenges.
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