El trabajo examina las disfunciones derivadas de la coexistencia entre el recurso de casación penal previsto en el artículo 847.1. b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —restringido al motivo único de infracción de ley del artículo 849.1.º de la misma ley procesal— y el recurso de amparo constitucional por vulneración de derechos fundamentales. A partir de un análisis sistemático y crítico de ambos cauces impugnativos, se pone de relieve la inseguridad jurídica generada por la ausencia de una articulación normativa y jurisprudencial clara entre ellos, cuando los recursos se dirigen contra sentencias dictadas en apelación, en segunda instancia, por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se presta particular atención a los supuestos en los que el justiciable se enfrenta al dilema de optar entre uno u otro recurso, o bien promover ambos de forma paralela o sucesiva, con los consiguientes riesgos de indefensión, contradicción entre resoluciones y aparente conflicto competencial entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Igualmente, se analizan los problemas derivados de la exigencia del interés casacional y de la particular naturaleza de la norma infringida en el ámbito de la casación, así como los límites y funciones del incidente de nulidad de actuaciones como presupuesto de acceso al amparo. Finalmente, el trabajo culmina con una propuesta de reforma legislativa y hermenéutica orientada a armonizar el funcionamiento del recurso extraordinario de casación con el amparo constitucional, reforzando tanto la unidad del Derecho penal sustantivo como la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva.
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