Resumen de El efecto de la regulación sobre el tamaño de las plantas fotovoltaicas

David Cuberes, Aitor Lacuesta, María de los Llanos Matea Rosa, Daniel Oto Peralías

• español

  En España, la administración que aprueba la instalación de plantas fotovoltaicas difiere en función de si su potencia excede o no los 50 megavatios (MW) de capacidad. Este documento analiza el efecto de dicha regulación sobre la capacidad de las plantas instaladas. A diferencia de lo que ocurre en otros países, se observa una discontinuidad en la relación entre el número de plantas fotovoltaicas y su capacidad en el rango comprendido entre 40 y 50 MW. Un análisis basado en una muestra de proyectos aprobados en 2024 sugiere que esta discontinuidad podría deberse a un comportamiento estratégico del promotor, motivado por unos mayores tiempos de tramitación de la autorización administrativa —a cargo de la Administración General del Estado (AGE)— en los proyectos de más de 50 MW y por diferencias en los criterios de aprobación entre la AGE y algunas comunidades autónomas, si bien el mencionado análisis no constituye evidencia concluyente al respecto. Esta discontinuidad, visible aun considerando la capacidad conjunta de aquellas plantas próximas y pertenecientes al mismo propietario, podría sugerir la existencia de ineficiencias económicas relacionadas con estas diferencias entre administraciones.

• English

  In Spain, the authority responsible for approving the installation of photovoltaic plants varies depending on whether or not their capacity exceeds 50 megawatts (MW). This paper analyses the effect of such regulation on the capacity of installed plants. Unlike in other countries, there is a noticeable discontinuity in the relationship between the number of photovoltaic plants and their capacity within the 40 MW-50 MW range. An analysis based on a sample of projects approved in 2024 suggests that this discontinuity may be due to strategic behaviour on the part of developers, motivated by longer processing times for administrative authorisation — by the Central Government Administration (AGE) — for projects over 50 MW, and to differences in the approval criteria of the AGE and some regional governments. However, this analysis does not provide conclusive evidence. This discontinuity, which is evident even when considering the combined capacity of plants located close to each other and owned by the same entity, could suggest the existence of economic inefficiencies related to these administrative differences.