Derecho a la asistencia letrada: renuncia por persona vulnerable y exclusión de las pruebas obtenidas con su vulneración en sede de medidas cautelares

• Autores: Encarnación Aguilera Morales
• Localización: REDE. Revista española de derecho europeo, ISSN 1579-6302, Nº. 94, 2025, págs. 137-152
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Right to legal assistance: Waiver by a vulnerable person and exclusion of evidence obtained in violation thereof in interim relief proceedings
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• Resumen
  • español

    El respaldo normativo de la Unión a las garantías y los derechos de sospechosos y acusados en el proceso penal es insuficiente. Stachev da buena cuenta de ello en el contexto específico del derecho a la asistencia letrada. Los considerandos y el fallo de esta sentencia evidencian, en efecto, que el estándar de protección que la Directiva 2013/48/UE dispensa al derecho a la asistencia técnica dista de ser elevado. No es elevado, desde luego, en lo que hace a su renuncia cuando de personas vulnerables se trata. Y tampoco lo es en lo que hace a las pruebas obtenidas con su vulneración, aspecto sobre el que la Directiva 2013/48/UE no se pronuncia expressis verbis y que parece relegado a la autonomía procesal de los Estados. Estos son, precisamente, los temas que enmarcan las próximas páginas; estos y la llamada «excepción temporal» al derecho a la asistencia letrada. Como se verá, respecto de todos ellos el TJUE asume una interpretación garantista y claramente partidaria de aumentar aquel mínimo estándar de protección.

  • English

    The European Union’s regulatory framework for safeguarding the rights and guarantees of suspects and accused persons in criminal proceedings rema-ins inadequate. Stachev illustrates this shortcoming particularly in relation to the right to legal assistance. The recitals and ruling of this judgment clearly demons-trate that the level of protection granted by Directive 2013/48/EU to this right falls short of being robust. This is especially evident in two key areas: the waiver of legal assistance for vulnerable suspects or accused persons and the treatment of evidence obtained in violation of this right. The Directive remains silent on the latter issue, effectively leaving it to the procedural autonomy of Member States. These concerns, along with the so-called «temporary exception» to the right to legal assistance, form the core of the following discussion. As will be seen, the CJEU adopts a protective and rights-oriented interpretation, advocating for an enhanced minimum standard of protection.