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Mafla-Sánchez, Johana Lisbeth
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Méndez-Cabrita, Carmen Marina
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Cuasapud-Tulcanaza, David Javier
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El sistema penal ecuatoriano ha experimentado modificaciones significativas en los últimos años, entre ellas la reforma del artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, que regula el régimen de rehabilitación social semiabierto. Esta reforma ha generado un tratamiento diferenciado para los condenados por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, permitiendo el acceso al régimen solo a quienes han cometido el delito en escalas mínimas y media, mientras que excluye a quienes han sido condenados en escalas alta y gran. Este estudio tuvo como objetivo analizar si dicha diferenciación constituye una vulneración del principio de igualdad, afectando la equidad en la aplicación de beneficios penitenciarios. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de campo y de tipo descriptivo, basada en encuestas estructuradas aplicadas a 15 profesionales del derecho en libre ejercicio en el cantón Tulcán, seleccionados mediante muestras probabilísticas. Los resultados muestran que el 80% de los encuestados considera que la normativa vigente vulnera el principio de igualdad, mientras que el 86,66% cree que todos los condenados por tráfico de sustancias, independientemente de la escalada, deben acceder al régimen semiabierto. Además, el 80% apoya una reforma del artículo 698 del COIP para garantizar un tratamiento más equitativo. Se concluye que la exclusión de ciertos condenados del régimen semiabierto no solo perpetúa desigualdades, sino que también agrava el hacinamiento carcelario y limita la reinserción social, lo que evidencia la necesidad de una reforma normativa que garantice mayor justicia y proporcionalidad en la aplicación del derecho penal.
The Ecuadorian penal system has undergone significant modifications in recent years, including the reform of Article 698 of the Comprehensive Organic Penal Code, which regulates the semi-open social rehabilitation regime. This reform has created differentiated treatment for those convicted of illicit trafficking of controlled substances, allowing access to the regime only for those who have committed the crime on a minimal or medium scale, while excluding those convicted on a high or large scale. This study aimed to analyze whether this differentiation constitutes a violation of the principle of equality, affecting equity in the application of penitentiary benefits. The methodology used is of a quantitative approach, with a non-experimental, field, and descriptive design, based on structured surveys applied to 15 legal professionals in free practice in the canton of Tulcán, selected through probabilistic sampling. The results show that 80% of respondents consider that the current regulations violate the principle of equality, while 86.66% believe that all those convicted of substance trafficking, regardless of the scale, should have access to the semi-open regime. Additionally, 80% support a reform of Article 698 of the COIP to ensure more equitable treatment. It is concluded that the exclusion of certain convicts from the semi-open regime not only perpetuates inequalities but also aggravates prison overcrowding and limits social reintegration, highlighting the need for regulatory reform to ensure greater justice and proportionality in the application of criminal law.
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