El capítulo 8 del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible del Estado respecto de los hidrocarburos mexicanos. Este trabajo pretende comprender este capítulo (1) desde la perspectiva de la metamorfosis de los acuerdos de inversión, (2) su relación con otros capítulos del T-MEC y (3) su vigencia para el Gobierno mexicano. El informe concluye que (A) el capítulo 8 es la respuesta a la incertidumbre actual del régimen internacional de la inversión extranjera y de la necesidad de ajustar los tratados de inversión; (B) el reconocimiento de la propiedad mexicana de los hidrocarburos se realiza a través de contratos gubernamentales que no interfieren con las protecciones generales para las inversiones previstas en el T-MEC; y (C) el capítulo 8 no parece una herramienta efectiva para el Gobierno mexicano porque ciertas limitaciones presentes en otras partes del acuerdo continúan aplicándose al sector de hidrocarburos, como la obligación de otorgar el mismo trato a los inversionistas estadounidenses y canadienses que a los mexicanos. Finalmente, se pone en evidencia que el capítulo 8 del T-MEC no parece ser un buen modelo a seguir para el caso boliviano.
Chapter 8 of the US-Mexico-Canada Trade Agreement (USMCA) recognizes the direct domain and the inalienable and imprescriptible ownership of Mexican hydrocarbons. This article aims to understand that chapter (1) from the perspective of the metamorphosis of investment agreements, (2) its relationship with other chapters of the USMCA, and (3) its effectiveness for the Mexican government. The report concludes that (A) Chapter 8 is the response to the current uncertainty of the international foreign investment regime and the need to adjust investment treaties; (B) the recognition that the Mexican States owns hydrocarbons through government contracts that are entitled to the treaty protection for investments provided for in the USMCA; and (C) Chapter 8 does not appear to be an effective tool for the Mexican government because certain limitations present in other parts of the agreement continue to be applied to the hydrocarbons sector, such as the obligation to grant the same treatment to U.S. and Canadian investors as to Mexican ones. Finally, it becomes evident that Chapter 8 of the USMCA does not seem to be a good model to follow for the Bolivian case.
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