En los últimos años, el aumento de los índices de criminalidad y violencia en México y el denominado Triángulo Norte Centroamericano –El Salvador, Honduras, Guatemala– ha obligado a la población a migrar. Además, la precariedad social y económica de la población que huye constituye un terreno fértil para la violación de derechos, sea por el crimen organizado o por acciones del propio Estado. Esta situación ha provocado diversidad de movilizaciones, casi siempre con destino final Estados Unidos. Muchos de los flujos se realizan de manera irregular, es decir, sin contar con un soporte jurídico que permita traspasar fronteras, dejando en la vulnerabilidad a quienes abandonan sus zonas de origen. En las movilizaciones actuales, la violencia constituye un factor determinante –al menos a nivel individual–, porque no solamente las precipita, sino porque es un medio de control de los flujos fronterizos. Muchas de las personas que están intentando llegar a Estados Unidos salen de zonas con altos índices de violencia, y se enfrentan a controles fronterizos agresivos que vulneran su integridad física y a veces psicológica. Además, algunos son víctimas de bandas del crimen organizado, establecidas a lo largo del territorio mexicano. De ahí la importancia de señalar el grado existente de normalización de la violencia, que no solamente impacta en la seguridad física, sino también precariza el acceso a derechos básicos –seguridad, trabajo, educación, salud–, tanto de la población residente como la que va en tránsito o permanece de manera irregular.
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