El trabajo de investigación describe cómo la erosión del Poder Público venezolano propició la consolidación de un estado de cooptación institucional. Presenta ejemplos del modo en que desde los tres poderes del Estado se adoptaron medidas orientadas a favorecer los intereses de quienes detentan poder desde hace más de dos décadas y en perjuicio de los derechos humanos de la población, particularmente de quienes son percibidos como disidentes. El capítulo identifica una serie de oportunidades para revertir esta situación a través de medidas de no repetición. El texto destaca, en particular, la necesidad de cumplimiento de aquellas medidas determinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los tres casos sobre la independencia del Poder Judicial que ha conocido el tribunal regional para avanzar hacia la recuperación del Estado de Derecho.
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