El Sahel atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la intensificación de la violencia y la expansión territorial de grupos yihadistas como el Grupo de Defensa del Islam y los Musulmanes (JNIM) y la Provincia del Estado Islámico del Sahel (EI Sahel). La fragilidad institucional en Malí, Burkina Faso y Níger ha facilitado la consolidación de estos actores insurgentes, cuyas acciones han desbordado las capacidades de los gobiernos locales y han exacerbado la inestabilidad regional. En 2024, la región ha alcanzado niveles récord de violencia y la retirada de las fuerzas internacionales ha dejado un vacío de poder que los grupos extremistas han aprovechado para expandir su control, mientras que las respuestas represivas de los Estados han agravado el conflicto. Al mismo tiempo, la rivalidad entre los grupos yihadistas ha intensificado la letalidad de sus acciones, sometiendo a la población civil a un ciclo vicioso de violencia y pobreza en áreas cada vez más amplias y menos sujetas al control de los Estados y más bajo control. El avance hacia los países costeros del golfo de Guinea agrava los desafíos fundamentales de gobernanza y seguridad a los que se enfrentan los países de una región en los que las fronteras son porosas, la obtención de inteligencia está fracasando, y la presencia de los gobiernos es mínima. Ello pone de relieve la naturaleza fuertemente expansiva de la amenaza y la urgencia de dar respuestas integrales y coordinadas, que combinen la seguridad con el desarrollo.
Lograrlo exigirá a Europa una mayor y más continuada atención y un mayor compromiso durante las próximas décadas. Habrá que ver si se está a la altura de lo que las circunstancias demandan.
The Sahel is undergoing an unprecedented security crisis, marked by escalating violence and the territorial expansion of jihadist groups such as the Group for the Support of Islam and Muslims (JNIM) and the Islamic State Sahel Province (IS Sahel). Institutional fragility in Mali, Burkina Faso, and Niger has enabled the entrenchment of these insurgent actors, whose actions have overwhelmed local governments and exacerbated regional instability. By 2024, the region has reached record levels of violence. The withdrawal of international forces has created a power vacuum that extremist groups have exploited to expand their control, while state-led repressive responses have further aggravated the conflict. At the same time, the rivalry between these groups has intensified the lethality of their actions, trapping civilians in a vicious cycle of violence and poverty across increasingly vast areas that are slipping out of state control and falling under jihadist rule.
The advance toward the coastal countries of the Gulf of Guinea exacerbates the fundamental governance and security challenges faced by the region, where borders are porous, intelligence gathering is failing, and government presence is minimal. This underscores the highly expansionist nature of the jihadist threat and the urgent need for comprehensive and coordinated responses that integrate security with development.
Achieving this will require Europe’s sustained attention and a deeper long-term commitment in the coming decades. Whether it will rise to meet these challenges remains to be seen.
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