Cláusulas medioambientales en la contratación pública: hacia un modelo sostenible y responsable.

• Prieto Pérez, Tamara ^[1]
  1. [1] Universidad de León
• Localización: Revista justicia & trabajo, ISSN-e 2952-1955, Nº. Extra 2 (Julio), 2025 (Ejemplar dedicado a: Hacia una transición ecológica justa: los empleos verdes como estrategia frente a la despoblación. / coord. por Susana Rodríguez Escanciano, Henar Álvarez Cuesta), págs. 177-193
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Environmental clauses in public procurement: towards a sustainable and responsible model.
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• Resumen
  • español

    La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, transponiendo las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, reconfigura la contratación pública española, orientándose hacia un modelo más eficiente y responsable, basado en principios de sostenibilidad y justicia social. Su principal novedad es la integración obligatoria de criterios sociales y medioambientales en todas las licitaciones, evaluados a lo largo del ciclo contractual, con el fin de optimizar la relación calidad-precio y los recursos públicos. Este enfoque impone a los contratistas la adopción de prácticas sostenibles y el res-peto a los derechos laborales, impulsando la innovación y la gestión responsable. Además, refuerza la transparencia, combate la colusión y fomenta la competencia, promoviendo la división de contratos en lotes y ampliando los actos susceptibles de recurso especial, fortaleciendo así el control y la legalidad en los procedimientos.

  • English

    Law 9/2017 on Public Sector Contracts, transposing Directives 2014/23/EU and 2014/24/EU, reshapes public procurement in Spain, shifting towards a more efficient and responsible model based on principles of sustainability and social justice. Its main innovation is the mandatory integration of social and environmental criteria in all procurement procedures, assessed throughout the contract cycle, in order to optimize the quality-price ratio and public resources.This approach requires contractors to adopt sustainable practices and respect labor rights, fostering innovation and responsible management. Furthermore, it strengthens transparency, combats collusion, and promotes competition by requiring the division of contracts into lots and expanding the acts subject to special appeal, thereby reinforcing control and legality in the procedures.