En este artículo defendemos la necesidad imperativa de incluir mecanismos de participación pública en la formulación y aplicación de las normas internacionales para la gestión de los recursos hídricos compartidos. En un escenario global marcado por las tensiones geopolíticas y el resurgimiento de corrientes políticas y doctrinales que abogan por centralizar el poder en el Estado, la descentralización de la gestión y la participación de las partes interesadas deviene esencial para garantizar la efectividad de las medidas contenidas en los planes hidrográficos de cuenca. Tras el análisis de los dos tratados universales para la gestión de los recursos hídricos compartidos concluimos que su regulación de la participación pública es inexistente o insuficiente. Por ese motivo fundamentamos que su inclusión en los tratados bilaterales y multilaterales responde a la aplicación de un principio asentado tanto en el Derecho internacional del medio ambiente como del Derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, a modo de conclusiones analizamos las ventajas y desventajas de incluir mecanismos de participación pública efectiva en los tratados de gestión y proponemos que el modelo existente en la Unión Europea es óptimo, con lo que debería promocionarse en otras regiones del planeta.
In this article, we advocate for the imperative need to include public participation mechanisms in the formulation and application of international standards for the management of shared water resources. In a global scenario marked by geopolitical tensions and the resurgence of political and doctrinal currents advocating for centralizing power in the State, the decentralization of management and the participation of interested parties become essential to ensure the effectiveness of the measures contained in the hydrographic basin plans. After analyzing the two universal treaties for the management of shared water resources, we conclude that their regulation of public participation is non-existent or insufficient. For this reason, we argue that their inclusion in bilateral and multilateral treaties responds to the application of a principle established in both international environmental law and international human rights law. Finally, as conclusions, we analyze the advantages and disadvantages of including effective public participation mechanisms in management treaties and propose that the existing model in the European Union is optimal, and therefore should be promoted in other regions of the planet.
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