Paraguay
Santiago, Chile
La vigencia plena del principio de justicia ambiental requiere, como condición necesaria, que los marcos institucionales y jurídicos desarrollen un componente procedimental basado en mecanismos que garanticen a los diferentes sectores potencialmente afectados el acceso a los procesos de toma de decisiones, en particular a los pueblos indígenas o las poblaciones rurales, grupos que tradicionalmente no han sido considerados en el entramado de actores intervinientes en la gestión ambiental de sus propios territorios. A través de este trabajo, se analizan las bases jurídicas sobre las cuales se sustenta la gobernanza ambiental en Paraguay, con el objetivo de identificar los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en dicho ámbito de desenvolvimiento público y, posteriormente, determinar las posibles brechas que alejan al esquema actual de los estándares establecidos por los instrumentos jurídicos internacionales que abordan la materia. La metodología empleada es de carácter dogmático y se basa en un estudio detallado de la doctrina y de la normativa nacional y comparada, las que son objeto de revisión crítica y posterior sistematización. Los resultados obtenidos evidencian que, con la puesta en vigor del Decreto 1039/2018, se reparó el vacío de reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que había tenido lugar por varios años. No obstante, ello no implica que se encuentre garantizada la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones ambientales, ya que en la actualidad no existen canales claramente definidos que posibiliten la interlocución permanente de este sector de la población con la autoridad ambiental nacional.
The full validity of the principle of environmental justice requires as a necessary condition that the institutional and legal frameworks develop a procedural component, based on mechanisms that guarantee access to decision-making to the different potentially affected sectors and, in particular, to indigenous peoples or rural populations, who have not traditionally been considered in the framework of actors involved in the environmental management of their own territories. Through this work, the legal bases on which environmental governance in Paraguay is based are analyzed, with the aim of identifying the participation mechanisms of indigenous peoples in decisionmakingin said area of public development and, subsequently, determine the possible gaps that distance the current scheme from the standards established by international legal instruments that address the matter. The methodology is dogmatic in nature and is based on a detailed study of the doctrine and national and comparative regulations, which are subject to critical review and subsequent systematization. The results obtained show that, with the implementation of Decree 1039/2018, the regulatory vacuum of Agreement 169 of the International Labour Organization that had existed for several years was repaired. However, this does not imply that the participation of indigenous peoples in environmental decision-making is guaranteed, since currently there are no clearly defined channels that enable permanent dialogue with the national environmental authority.
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