Resumen de El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Examen a su viabilidad desde la perspectiva jurídico-económica

Rafael Mauricio Plaza Reveco, Agustín Ignacio Fuentes Berríos

• español

  La Ley 21.600 estableció el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Chile. Este servicio, descentralizado y supervisado por el presidente a través del Ministerio del Medio Ambiente, gestionará el Sistema Nacional, que incluirá diversas categorías de protección, las que abarcan desde parques nacionales y monumentos naturales hasta áreas marinas protegidas. También se añaden nuevas categorías, como la reserva de región virgen y las áreas de conservación de pueblos indígenas. A su vez, el Servicio de Biodiversidad se encargará de elaborar planes de manejo, fiscalizar y sancionar infracciones. Ahora bien, la concentración de todas las categorías de protección bajo un solo servicio plantea desafíos, especialmente desde una perspectiva jurídico-económica. La investigación sugiere que el aumento del presupuesto asignado al Servicio de Biodiversidad (cerca del 58%) no se corresponde con el aumento real presupuestario (solo 2,9% para 2024). Esto podría afectar la eficiencia de la gestión y el cumplimiento de los objetivos de conservación. Esta investigación se enfoca en determinar si se valoraron adecuadamente los bienes que protege la ley (como la biodiversidad) y si estos influyeron en la asignación presupuestaria. A partir de ahí, se proponen modificaciones normativas para mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos destinados a la conservación. El estudio destaca la importancia del control de eficiencia económica en las normativas ambientales para evitar la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Concluye que es esencial que la asignación de recursos públicos responda a criterios de utilidad y eficiencia medibles, en lugar de ser un gasto sin control.

• English

  The Act 21.600 established the Biodiversity Office and the National System of Protected Areas in Chile. This decentralized service, overseen by the president through the Ministry of the Environment, will manage said national system, which will encompass various categories of environmental protection. These categories range from national parks and natural monuments to protected marine areas. Additionally, new categories such as the Virgin Region Reserve and Indigenous Peoples’ Conservation Areas will be added. The Biodiversity Service will be responsible for developing management plans, enforcing regulations, and sanctioning infringements to the Act. However, the concentration of all environmental protection categories under a single new public office poses challenges, particularly from a legal-economic perspective. The research suggests that the increase in the budget allocated to the new Office (nearly 58%) does not correspond to the actual budget increase (only 2.9% for 2024), which might affect the efficiency of management and the achievement of conservation’s environmental targets.This research focuses on determining whether the interests protected by the Act, such as biodiversity conservation and protected areas, were adequately valued and whether this influenced budget allocation. Regulatory amendments are proposed to improve efficiency in the use of public resources allocated to conservation. The study highlights  the importance of economic efficiency control in environmental governance to prevent loss of biodiversity and ecosystem’s services. It concludes that it is essential for public resources allocation to respond to measurable criteria of utility and efficiency, rather than being unchecked expenditure.