Definición de conceptos jurídicos sobre el control de convencionalidad en la función notarial boliviana

• Suárez- Arana Ribera, Margarita ^[2] ; Chinea- Guevara de Rosales, Josefina ^[1]
  1. [1] Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra

     Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra

     Bolivia

     
  2. [2] Notaria de Fe Pública Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
• Localización: Debate Jurídico Ecuador, ISSN-e 2600-5549, Vol. 8, Nº. 2, 2025 (Ejemplar dedicado a: Mayo- Agosto), págs. 273-283
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Definition of legal concepts for a study on conventionality control in the bolivian notary function
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    El documento explora el concepto, la evolución y la aplicación del control de convencionalidad en el contexto boliviano, con un enfoque particular en la función notarial y la protección de los derechos humanos. Y lo hace desde una revisión documental con enfoque meramente cualitativo. Donde se revisa doctrina, jurisprudencia y normativa. De la investigación se entiende que el control de convencionalidad es una obligación constitucionalmente conformada de obligatorio cumplimiento para todos los aplicadores del derecho de un país que ha ratificado el marco jurídico regulatorio de una Convención o Tratado Internacional de Derechos humanos, aplicable al caso concreto, siempre que la aplicación del marco jurídico regulatorio del Convenio o Tratado Internacional en materia de derechos humanos sea más beneficioso en su aplicación que las normas legales o constitucionales internas.

  • English

    This document explores the concept, evolution, and application of conventionality control in the Boliviancontext, with a particularfocus on the notarial function and the protection of human rights. It does so through a purely qualitative documentary review, examining doctrine, jurisprudence, and regulations. The research reveals that conventionality control is a constitutionally mandated obligation of binding compliance for all legal practitioners in a country that has ratified the regulatory legal framework of a Convention or International Human Rights Treaty, applicable to the specific case, provided that applying the regulatory legal framework of the Convention or International Human Rights Treaty is more beneficial than domestic legal or constitutional norms.