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Medidas de armonización y de eficiencia del servicio público de justicia en la jurisdicción penal operadas por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Análisis crítico

    1. [1] Centro de Estudios Garrigues
  • Localización: Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 7, 2025
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      La situación de congestión, si no de colapso, en la que se encuentran los órganos judiciales españoles junto con la contenida tasa de resolución de las causas que entran anualmente en los mismos hacen que, a pesar de haber mejorado, según el Informe XVI del Observatorio de la Actividad de la Justicia (Fundación Aranzadi La Ley 2024), no sea posible reducir el tiempo de tramitación de las causas judiciales, con el consiguiente perjuicio para los administrados y el aumento de la victimización secundaria de las víctimas (GUTIÉRREZ DE PINERES BOTERO, CORONEL y ANDRÉS PÉREZ 2009) como consecuencia de la reacción frustrante en su contacto con la Administración de Justicia que padecen al no obtener una respuesta del sistema judicial en un tiempo razonable. En los más de tres lustros de vigencia de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que apenas han modificado la organización de nuestros tribunales, no ha ofrecido una respuesta que permita mejorar la situación de nuestro lastimado sistema judicial y el legislador no termina de encontrar respuestas adecuadas, a pesar de haber asomado diversas reformas de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con ese propósito, no llegaron a materializarse. A lo largo del presente artículo veremos cómo la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero si bien se ofrece como una solución novedosa, no es el paradigma que permitirá desatascar nuestra Administración de Justicia.

    • English

      The situation of congestion, if not collapse, in which the Spanish judicial bodies find themselves, together with the contained rate of resolution of the cases that enter them annually, mean that, despite having improved, according to the XVI Report of the Observatory of the Activity of Justice (Fundación Aranzadi La Ley 2024), it is not possible to reduce the processing time of court cases, with the consequent detriment to the public and an increase in the secondary victimisation of victims (GUTIÉRREZ DE PINERES BOTERO, CORONEL and ANDRÉS PÉREZ 2009) as a result of the lack of a legal framework for the judicial system. 49-58) because of the frustrating reaction in their contact with the Administration of Justice that they suffer when they do not obtain a response from the judicial system within a reasonable time. In the more than five years that Organic Law 6/1985 of 1 July 1985 has been in force, which has barely modified the organisation of our courts, it has not offered a response that would improve the situation of our damaged judicial system, and the legislator has not yet found adequate answers, despite having proposed various reforms to our Criminal Procedure Act which, for this purpose, have failed to materialise. Throughout this article, we will see how the reform introduced by Organic Law 1/2025, of 2 January, although it is offered as a novel solution, it is not the paradigm that will allow us to unblock our Administration of Justice.


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