Valparaíso, Chile
La necesidad de certeza jurídica en materia infraccional, se condice con la idea de poder pre-decir, con algún grado de precisión, cuáles serán los efectos adversos que el Ordenamiento Jurídico prevé para una determinada conducta, que se concrete como transgresión a la normativa vigente, del sector que corresponda.En lo que a la intensidad del castigo se refiere, en el ámbito energético, esto es regulado por la Ley N°18.410, que recoge adecuadamente el principio de proporcionalidad sancionatorio, aunque deja algunos espacios sin atender, lo que acarrea ciertas distorsiones en la aplicación de dicho estatuto a los diversos ca-sos que la agencia del ramo debe conocer y resolver.Para evitar los riesgos que devienen de la incerteza y la arbitrariedad, proponemos algunas soluciones cons-truidas sobre la normativa aplicable, sea sectorial, o general -procesal-.Dichas soluciones, que se manifiestan en criterios o razonamiento como parte integrante de la fundamenta-ción del acto administrativo, no son ajenos a los tribunales de justicia llamados a conocer del control de la Administración en estas materias, como se dejará por establecido.
The application of the proportionality system in Law No. 18410 has posed some challenges of certainty and reasonableness in the administrative action.These challenges are often not addressed by the administration itself with uniformity and regularity, partly because of the dispersion of criteria used by the different officials called upon to resolve a case, and in partly because it is a moderately regulated power with significant spaces for discretion.This document deals with these challenges, and how to look for criteria that allow us to find light in the application of the proportionality principle in sanctions, within the Administration, and in the control exercised by the courts of justice.
© 2001-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados