A través de este trabajo se pretende analizar si el sistema sancionatorio administrativo, añadido al resto de responsabilidades anudadas a las conductas irregulares de los cargos públicos, cumple la función a éste encomendada en el sistema de integridad que configura el actual marco normativo sobre buen gobierno. A ello se intentará dar cumplida respuesta examinando su relación con otras responsabilidades, distintas a las administrativas, en las que pueden incurrirse por los altos cargos como consecuencia de su actuación. Sin embargo, como afirmación provisoria, cabe adelantar que dicha normativa se ha realizado con notorias deficiencias de las que convendría tomar nota si de verdad se pretende construir un sistema integral de integridad pública que contemple instrumentos preventivos y de gestión de riesgos por supuesto, pero también herramientas de tipo reactivas tendentes a exigir las responsabilidades que procedan por el incumplimiento y el uso irregular del patrimonio público empezando, y he aquí el objeto del presente trabajo, con su adecuado engarce con otras responsabilidades potencialmente exigibles como consecuencia de las conductas irregulares de los cargos públicos.
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