El derecho a la defensa en el expediente disciplinario de funcionarios docentes

• Imanol Tazón Domínguez ^[1]
  1. [1] Inspeccion de Educación de la C.A.P.V.
• Localización: Supervisión 21: revista de educación e inspección, ISSN-e 1886-5895, Nº. 76, 2025
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The right to defence in disciplinary proceedings against teaching staff
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen
  • español

    El derecho a la defensa en los expedientes disciplinarios de funcionarios docentes en España es una garantía fundamental para asegurar un proceso justo y conforme a la legalidad. Su relevancia radica en la protección de derechos profesionales y personales frente a sanciones administrativas. Mediante un análisis normativo y jurisprudencial, se examina el marco legal (Constitución Española, TREBEP, Ley 39/2015) y los principios procesales (inmediación, contradicción). Se analizan casos prácticos y fallos judiciales para evaluar la aplicación de estas garantías. El estudio identifica que el derecho a la defensa se fundamenta en: la notificación clara de cargos, acceso íntegro al expediente, y el derecho a presentar pruebas y alegaciones. Sin embargo, el uso exclusivo del “informe de inspección educativa” como prueba única vulnera los principios de contradicción e inmediación, generando riesgos de indefensión. La jurisprudencia ha anulado sanciones fundamentadas exclusivamente en informes que no han sido sometidos a contradicción. La efectividad del derecho a la defensa depende de la transparencia en la recolección de pruebas y la participación activa del docente. La falta de motivación en resoluciones o la denegación de pruebas son fallos recurrentes que debilitan la legitimidad del proceso. Es crucial garantizar un procedimiento equilibrado, donde el docente pueda contradecir pruebas y acceder a recursos administrativos/judiciales. La jurisprudencia refuerza la necesidad de ajustarse estrictamente a las garantías procesales, evitando sanciones arbitrarias y preservando la seguridad jurídica en el ámbito educativo.

  • English

    The right to defence in disciplinary proceedings against teaching staff in Spain is a fundamental guarantee to ensure a fair and lawful process. Its importance lies in protecting professional and personal rights against administrative sanctions. Through a legal and case-law analysis, this study examines the regulatory framework (Spanish Constitution, TREBEP, Law 39/2015) and procedural principles (immediacy, adversarial). Practical cases and court rulings are reviewed to assess the application of these guarantees. The study identifies that the right to defence is based on: clear notification of charges, full access to the case file, and the right to present evidence and arguments. However, the exclusive use of the "educational inspection report" as sole evidence violates the adversarial principle and principle of immediacy, creating risks of defencelessness. Jurisprudence has annulled sanctions based on unchallenged reports. The effectiveness of the right to defence depends on transparency in evidence collection and the teacher's active participation. Lack of reasoning in decisions or denial of evidence are recurring flaws that weaken the legitimacy of the process. Ensuring a balanced procedure is crucial, allowing teachers to challenge evidence and access administrative or judicial remedies. Jurisprudence underscores the necessity of strict adherence to procedural guarantees, preventing arbitrary sanctions and preserving legal certainty in the educational sector.