En la medida que la realización de la justicia social a través de la efectivización de los derechos sociales fundamentales requiere de recursos limitados para atender necesidades ilimitadas, es preciso manejarlos acorde a la buena administración, tal como lo reconoce la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública del año 2013. La consideración de la buena administración como principio general, como derecho de los administrados y como deber de la Administración se asocia en este trabajo a la sustentabilidad presupuestal y a su ponderación en orden al cuidado del contenido esencial de los derechos sociales, teniendo siempre presentes como pilares del Estado de Derecho la centralidad de la persona y la servicialidad de la Administración.
To the extent that the realization of social justice through the realization of fundamental social rights requires limited resources to meet unlimited needs, it is necessary to manage them according to good administration, as recognized by the Iberoamerican Charter of Rights and Duties of the Citizen towards Public Administration of 2013. In this work, the consideration of good administration as a general principle, as a right of administrators and as a duty of the Administration is associated with budgetary sustainability and its weighting in order to care for the essential content of social rights, considering the centrality of the person and the Administration helpfulness as pillars of all Rule of Law.
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