En 2018, Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) fue electo presidente de México. Anunció que su gobierno refundaría las instituciones. Prometió democratizar el acceso a las de educación superior (en adelante, IES) e incrementar los porcentajes de alumnos procedentes de grupos vulnerables, infrarrepresentados en la matrícula global, independientemente que los procesos de inclusión, aunque indudablemente provechosos para sus beneficiarios directos, suelan repercutir más en estudiantes menos frágiles, económica, social- y académicamente (D´Abdio et Salmi, 2021). Los programas sectoriales y la Ley General de educación superior (LGES) refrendaron un compromiso doble, abatir la desigualdad y aumentar la calidad educativa. Acorde con esas intenciones, cuya consecución es complicada, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) buscó reducir las brechas de admisión entre los candidatos a la educación superior. Esas eran importantes: en 2020, el promedio de la población 20-24 años inscrita en el nivel era de 29.8% pero caía a 15.4% en el decil más pobre y subía a 46.1% en el más acomodado. Las desigualdades socioeconómicas, culturales y residenciales causaban esas variaciones y solo 15.6% de los jóvenes en la población rural se inscribían en la educación superior contra 33.8% en la urbana (CEPAL, 2021).
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