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La reserva de participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en favor de los centros de empleo de iniciativa social y el debate sobre su ajuste a la Directiva 2014/24/UE

  • Autores: Javier Serrano Chamizo
  • Localización: Actualidad Jurídica Ambiental, ISSN-e 1989-5666, Nº 155 (Especial), 2025 (Ejemplar dedicado a: IV Congreso Internacional Compra Pública Verde y Cambio Climático / coord. por Ximena Angélica Lazo Vitoria, Eva Blasco Hedo, Erica María Ferreira Teles), págs. 122-134
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • The reservation of participation in public procurement procedures in favor of social initiative employment centers and the debate on their compliance with Directive 2014/24/EU
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La reserva establecida en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), en favor de los Centros de Empleo de Iniciativa Social (en adelante, CEEIS) ha sido repetidamente impugnada, tanto ante los órganos y tribunales administrativos encargados de resolver los recursos especiales en materia de contratación pública (en adelante, TARC) como ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso administrativo, por entenderla contraria a la Directiva 2014/24/UE (en adelante, la Directiva). Por la vía de la cuestión prejudicial, el debate llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), que lo resolvió con una sentencia cuyo alcance no ha sido unánimemente interpretado por los Tribunales Superiores de Justicia (en adelante, TSJ). En el momento de escribir estas líneas están pendientes de resolver varios recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra las correspondientes sentencias de los TSJ.

      En este trabajo analizaremos brevemente el itinerario y los términos del debate. Asimismo, se incidirá sobre algunos aspectos problemáticos relacionadas con el planteamiento de la cuestión prejudicial y, sobre todo, con el alcance de su respuesta por el TJUE.

    • English

      The reservation established in Law 9/2017, on Public Sector Contracts (hereinafter, LCSP), in favor of Social Initiative Employment Centers (hereinafter, CEEIS) has been repeatedly challenged, both before the administrative bodies and courts responsible for resolving special appeals in matters of public procurement (hereinafter, TARC) and before the bodies of the contentious-administrative jurisdictional order, on the grounds that it is contrary to Directive 2014/24/EU (hereinafter, the Directive). By way of a preliminary ruling, the debate reached the Court of Justice of the European Union (hereinafter, CJEU), which resolved it with a judgment whose scope has not been unanimously interpreted by the High Courts of Justice (hereinafter, SCJ). At the time of writing, several appeals are pending before the Supreme Court (SC) against the corresponding judgments of the SCJs. this paper we will briefly analyze the itinerary and terms of the debate. Likewise, we will also discuss some problematic aspects related to the preliminary ruling question and, above all, to the scope of the answer given by the CJEU.


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