El nuevo requisito de procedibilidad en el proceso civil y el abuso del servicio público de justicia: dos llaves para el éxito de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en la nueva LO 1/2025

• Mª Teresa Duplá Marín ^[2] ; Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa ^[1]
  1. [1] Universidad de Deusto

     Universidad de Deusto

     Bilbao, España

     
  2. [2] ESADE (URL)
• Localización: La Ley. Mediación y arbitraje, ISSN-e 2660-7808, Nº. 22, 2025
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The new requirement of admissibility in civil proceedings and the abuse of the public service of Justice: two keys to the success of appropriate means of dispute resolution (AMDR) in the new Organic Law 1/2025
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• Resumen
  • español

    La Ley Orgánica 1/2025 introduce el «requisito de procedibilidad» como una medida innovadora para modernizar y mejorar la eficiencia del sistema judicial en España obligando a las partes, en el ámbito jurisdiccional civil, a intentar un mecanismo adecuado de solución de controversias (MASC) antes de interponer una demanda judicial. A través de mediación, conciliación, opinión de un experto independiente u otras actividades negociadoras, las partes deben buscar un acuerdo previo, cuya acreditación es necesaria para la admisión de la demanda. La normativa busca reducir la sobrecarga de los tribunales, fomentar la autocomposición y ofrecer alternativas ajustadas a las necesidades de los litigantes.

    El incumplimiento injustificado de este requisito puede generar consecuencias procesales, como la inadmisión de la demanda, la imposición de costas o sanciones económicas y a este respecto la Ley introduce el concepto de «abuso del servicio público de justicia», que penaliza el uso innecesario de los tribunales en casos donde una solución extrajudicial era viable. Su pretensión no es otra que los MASC no se utilicen como un trámite meramente formal, sino como un intento real y efectivo de resolución de conflictos.

    La implementación de esta reforma tiene como objetivo transformar el paradigma judicial hacia un modelo sostenible que combine la jurisdicción tradicional con alternativas extrajudiciales eficientes. El presente estudio destaca la importancia de los MASC en el nuevo esquema procesal, su impacto en la descongestión de los tribunales y su papel en la promoción de una cultura de diálogo y negociación, aprovechando para subrayar los retos asociados a la interpretación del «abuso del servicio público de justicia» y la necesidad de un desarrollo jurisprudencial que garantice el equilibrio entre el uso efectivo de los MASC y el derecho a la tutela judicial efectiva.

  • English

    Organic Law 1/2025 introduces the ‘requirement of admissibility’ as an innovative measure to modernize and improve the efficiency of the judicial system in Spain by obliging the parties, in the civil jurisdictional sphere, to attempt an appropriate dispute resolution mechanism (ADR) before filing a lawsuit. Through mediation, conciliation, the opinion of an independent expert or other negotiating activities, the parties must seek a prior agreement, the accreditation of which is necessary for the admission of the lawsuit. The regulations seek to reduce the overload on the courts, encourage self-composition and offer alternatives tailored to the needs of the litigants.

    Unjustified non-compliance with this requirement can have procedural consequences, such as the dismissal of the lawsuit, the imposition of costs or financial penalties and, in this respect, the Law introduces the concept of ‘abuse of the public service of justice’, which penalizes the unnecessary use of the courts in cases where an out-of-court settlement was viable. The aim is for ADR to be used not as a merely formal procedure, but as a real and effective attempt to resolve conflicts.

    The implementation of this reform aims to transform the judicial paradigm towards a sustainable model that combines traditional jurisdiction with efficient extrajudicial alternatives. This study highlights the importance of ADR in the new procedural framework, its impact on reducing court congestion and its role in promoting a culture of dialogue and negotiation, taking the opportunity to underline the challenges associated with the interpretation of ‘abuse of the public service of justice’ and the need for jurisprudential development that guarantees a balance between the effective use of ADR and the right to effective judicial protection.