La promulgación en España de la Ley del divorcio en 1981 daba la espalda a una tradición multisecular de subordinación de las leyes civiles a la ley natural. Supuso también una vulneración del emergente espíritu democrático, en la medida que ni recurrió a la democracia directa de un referéndum, siendo materia grave; ni tampoco tuvo presente la realidad sociológica de España, en aquel entonces todavía una nación de bautizados. Además, abandonó el fin legitimador de la autoridad civil en el bien común.
Son reflexiones de monseñor Guerra Campos, Obispo de Cuenca, que destacó entre sus hermanos en el Episcopado español por su beligerancia contra la Ley del divorcio, profetizando el grave daño para la sociedad que sobrevendría a una ley hostil a la indisolubilidad del matrimonio y la integridad de la unidad familiar.
Monseñor Guerra Campos imputó la responsabilidad última de la llegada de leyes lesivas para el orden moral, al nuevo régimen constitucional de 1978, cuyo voluntarismo jurídico somete la bondad o maldad de la ley positiva a la aquiescencia popular, fácilmente manipulable por partidos políticos y grupos de presión.
Al tiempo señaló a buena parte de la Conferencia Episcopal Española como responsable implícita de una Carta Magna atea y de la llegada subsiguiente de la Ley del divorcio.
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