La instrumentalización de las migraciones en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) empieza a ser habitual. En febrero de 2020, el Gobierno turco mandaba más de 13.000 personas a la frontera con Grecia. En mayo de 2021, Marruecos dejaba entrar irregularmente a Ceuta más de 10.000 personas en dos días. En otoño de 2021 fue el turno del régimen bielorruso, al facilitar la llegada de miles de personas a la frontera con Polonia, Letonia y Lituania. En este contexto, Bruselas no ha dudado en calificar las llegadas de miles de personas (familias y menores incluidos) como una grave «amenaza híbrida» a su «seguridad». También lo ha hecho la OTAN en su nuevo Concepto Estratégico, donde la «instrumentalización de las migraciones» por parte de «actores autoritarios» es considerado como un ataque a la soberanía y la integridad territorial de los estados.
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