La colaboración público-privada y su magnitud cuantitativa para el aumento de la eficiencia del gasto público en el sector de la vivienda en España

• Autores: Carme Trilla Bellart
• Localización: Revista del Instituto de Estudios Económicos, ISSN 0210-9565, Nº 1, 2024 (Ejemplar dedicado a: La colaboración público-privada y el reto de la vivienda. Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2023), págs. 78-87
• Idioma: español
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• Resumen

  • La colaboración público-privada en el sector de la vivienda es un rasgo definitorio y peculiar de la política de vivienda en España. La rama más estructural de la política de vivienda española, consistente en la producción de viviendas de protección oficial, se ha desarrollado tradicionalmente bajo la fórmula de la colaboración público-privada, entendida, en un sentido genérico, como la cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es garantizar la financiación y construcción de la infraestructura de vivienda cuando se trata de viviendas para la compra o la prestación del servicio de vivienda cuando se trata de viviendas de alquiler.

    En este artículo se hace un repaso de las diversas vías de colaboración público-privada en la provisión de viviendas que se han utilizado en España tradicionalmente o se están introduciendo en los últimos años. Muestra de la enorme importancia que ha tenido en nuestro país esta forma de colaboración es que, desde el año 1940 y hasta el año 1991, más del 80% del crecimiento del parque de viviendas principales de España se debió a 6.200.000 viviendas protegidas, de las que tan solo 430.000, es decir, el 6,9%, fueron promovidas directamente por la Administración pública. La lección aprendida del siglo XX debería ayudar a dinamizar la vivienda de protección oficial en el XXI, corrigiendo vicios o deficiencias de planteamiento que le hicieron perder vitalidad e incluso prestigio.

    Puesto que el coste del suelo ha sido, y está siendo, uno de los graves inconvenientes para producir vivienda asequible, algunas experiencias recientes de municipios o Administraciones públicas con aportación de suelos públicos a operadores privados en derecho de superficie abren nuevas vías de colaboración público-privada que enriquecen el instrumental tradicional de la política de vivienda