El régimen de vivienda protegida en España. La colaboración público-privada: su importancia para contribuir a paliar el problema del acceso a la vivienda
- Autores: Julián Salcedo Gómez
- Localización: Revista del Instituto de Estudios Económicos, ISSN 0210-9565, Nº 1, 2024 (Ejemplar dedicado a: La colaboración público-privada y el reto de la vivienda. Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2023), págs. 69-77
- Idioma: español
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Resumen
El acceso a la vivienda es uno de los problemas que más preocupan a los españoles, y con razón, porque cada vez afecta a capas más amplias de la población, porque lleva décadas sin resolverse, y porque se agrava cada día un poco más. La recién aprobada «Ley por el derecho a la vivienda», a la que ampulosamente el Gobierno se refiere como la primera en la historia de la democracia, es inoportuna, inadecuada para la situación actual, profundamente ideológica y presuntamente inconstitucional en muchos de sus artículos.
El parque de viviendas públicas es, prácticamente, inexistente en nuestro país, tan solo representa el 2,5% de las viviendas totales frente al 9,3% como media en el conjunto de la Unión Europea, y la producción de viviendas de obra nueva con algún tipo de protección pública es insignificante: según la estadística del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en 2022 apenas 9.221 viviendas protegidas de planes estatales y autonómicos obtuvieron la calificación definitiva, lo que suponen 19 por cada 100.000 habitantes, nueve veces menos que en 1997 (85.028 viviendas), y en cinco comunidades autónomas. Ninguna vivienda protegida recibió la calificación definitiva.
En 2022, el País Vasco y la Comunidad de Madrid fueron las autonomías con mayor proporción de calificaciones de vivienda protegida con relación a su población: 71,9 y 51,2 por cada 100.000 habitantes.
Según un estudio elaborado por la economista Carme Trilla y el politólogo Jordi Bosch, publicado en 2018, entre los años 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas protegidas, lo que supone que un 26,6% del total de viviendas en España ha sido construido con apoyo público. Pese a ello, un informe del Defensor del Pueblo afirma que estas casi siete millones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas en más de medio siglo, no se han transformado en viviendas sociales, sino que lo han hecho en viviendas libres.
El último aspecto clave al que debemos referirnos es la insuficiente dotación presupuestaria dedicada a la inversión en vivienda, en cualquiera de sus modalidades, pública o privada, protegida o libre.
