La división de las tierras de comunidad de Orizaba durante el siglo XIX: Actores sociales y propiedad individual

• García Ruíz, Luis Juventino ^[1]
  1. [1] IIH-Universidad Veracruzana
• Localización: Relaciones: Estudios de historia y sociedad, ISSN 0185-3929, ISSN-e 2448-7554, Vol. 46, Nº. 182, 2025 (Ejemplar dedicado a: Perspectivas multidisciplinares sobre territorios lacustres de México: los retos para su visibilización y continuidad)
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Corporate ownership and agrarian individualism in Mexico in front of revisionism and local experience
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • En este artículo se aborda el tránsito de la propiedad corporativa a régimen de dominio individual a partir del caso de la comunidad de indígenas de Orizaba durante el siglo XIX. Se toma como antecedente las condiciones que posibilitaron a los grupos sociales acceder al dominio útil de la tierra y posteriormente a la propiedad plena. Desde los tiempos coloniales los censos enfitéuticos, los arrendamientos y otras variedades de usufructo permitieron a indios, españoles y mestizos establecerse en tierras de mayorazgo y de comunidad. Estos derechos de propiedad se afirmaron y promovieron durante el funcionamiento del monopolio real del tabaco. Con la llegada del liberalismo, la movilización de los indios permitió acordar con el ayuntamiento local los criterios de realización de los repartos, evitando así que los bienes de comunidad se transformaran en patrimonio municipal. Esta experiencia sirvió de insumo para el diseño del primer ordenamiento desamortizador veracruzano, en 1826. Su aplicación requirió de constante diálogo, acuerdos y consensos que contribuyeron a disuadir conflictos que complicaban la privatización de los bienes corporativos. Hacia mitad de siglo gran parte de las tierras ya habían sido transformadas a dominio particular, usando como soporte a la legislación veracruzana, y en algunos casos manteniendo la enfiteusis y los arrendamientos. Aun estando vigente la Ley Lerdo, los indígenas y las autoridades locales siguieron apoyándose en los decretos estatales, pues les aseguraban márgenes amplios de consenso, mayor injerencia popular en la toma de decisiones, y una distribución más equitativa de la propiedad.