La revolución digital de trasfondo transhumanista en la que estamos inmersos plantea un escenario de robotización también de la función jurisdiccional. El uso intensivo de big data e inteligencia artificial (IA) abriría la posibilidad de que sean las máquinas quienes razonen jurídicamente y sean —en definitiva— quienes tomen las decisiones dirimentes de los con-flictos sociales socapa de una mayor rapidez, objetividad y predictibilidad; en definitiva, dada su evidente eficiencia en comparación con los juzgadores humanos. Sin embargo, conviene examinar atentamente las limitaciones de la IA aplicada a la argumentación jurídica. Merece la pena recapacitar acerca de la idoneidad social de una eventualidad tal. Se concluye escu-chando voces autorizadas que se han pronunciado al respecto, cuestionando la existencia de una «justicia transhumanista», pues el uso intensivo y extensivo de la IA no dejaría de ser una capitulación de la ciencia jurídica. Ahora bien, un uso encuadrado dentro de sus posibi-lidades abre una oportunidad para el mejor razonamiento jurídico y la extensión de los méto-dos de resolución de conflictos alternativos a la jurisdicción estatal
The digital revolution with a transhumanist background in which we are immersed raises a scenario of robotization also of the jurisdictional function. The intensive use of Big Data and Artificial Intelligence (AI) would open the possibility that the machines reason legally and make the decisions of social conflicts under the guise of greater speed, objectivity and predictability; in short, given its obvious efficiency compared to human judges.
However, the limitations of AI applied to legal argumentation should be carefully examined. It is worth reflecting on the social suitability of such an eventuality. It concludes by listening to authorized voices that have spoken about it, questioning the existence of a «transhumanist justice», since the intensive and extensive use of AI would not cease to be a capitulation of legal science. However, a use framed within its possibilities opens an opportunity for better legal reasoning and the extension of alternative dispute resolution methods to state jurisdiction
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